Autor: Editor

Ante la reciente noticia de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón de la Plana obliga al Hospital de la Plana a permitir la aplicación de ozono por vía rectal, nasogástrica y endovenosa a un paciente grave de covid-19, desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) queremos hacer público el siguiente comunicado.

1. Como ya ha indicado la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, «el uso de ozono en estos momentos no se contempla como una alternativa segura y eficaz en los pacientes críticos afectados de COVID 19. Los estudios publicados con la utilización de este biocida son estudios de bajo impacto científico y en ningún caso con enfermos en estado crítico» [1].

2. Es un precedente peligroso que se obligue a un hospital a aceptar que personal ajeno al Sistema Nacional de Salud actúe dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos, sobre todo para aplicar procedimientos no autorizados por la Agencia Española del Medicamento, catalogados como pseudoterapias por parte de la Organización Médica Colegial [2] y en contra del criterio clínico del personal del servicio responsable de la atención al paciente.

3. Aunque existen estudios que intentan demostrar si el uso de ozono tienen algún tipo de eficacia, este tipo de estudios, generalmente de baja calidad, con poco número de pacientes y sin significancia estadística, son una constante en el mundo de las pseudoterapias. Es decir, esto no implica, en ningún caso, que estás prácticas tengan capacidad curativa o estén carentes de graves efectos secundarios. Y, en todo caso, debe ser un ensayo clínico donde se delimiten estás cuestiones. Pero este tipo de acciones, además de poner aún más en riesgo la vida de enfermos graves, no tienen valor como estudio científico, puesto que un único caso, sin los controles adecuados ni los estándares de un ensayo clínico, solo sirve para poner en riesgo la vida de los pacientes a cambio de nada.

4. Casos como este sin duda van a servir para que más familias acudan a los tribunales para intentar obligar a los profesionales sanitarios a practicar o permitir tratamientos que desaprueban por motivos médicos, científicos y éticos. Comprendemos que, en situaciones de especial gravedad y desesperación, los enfermos y sus familiares intenten acudir a todos los medios, por descabellados que sean, pero las falsas terapias no van a aliviar su sufrimiento, y en muchos casos pueden incluso incrementarlo. Hacemos, en ese sentido, una llamada a la reflexión de los implicados: no todo vale, y mucho menos en materia de salud.

5. Por último, queremos manifestar nuestro completo apoyo a los profesionales del Hospital de la Plana. Comprendemos y compartimos su angustia al verse obligados a permitir que uno de sus pacientes se vea sometido a una terapia de utilidad más que dudosa, y esperamos que nunca más tengan que enfrentarse a una situación tan lamentable.

[1] https://sovamicyuc.es/el-ozono-en-estos-momentos-no-se-contempla-como-una-alternativa-segura-y-eficaz-para-pacientes-afectos-de-covid-19/

[2] https://www.cgcom.es/pr%C3%A1cticas-biol%C3%B3gicas#Ozonoterapia

A raíz del informe publicado recientemente por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), creemos importante recordar algunas consideraciones relativas al mismo:

– La cifra ofrecida no pretende ser un dato de referencia, sino una aproximación plausible a la magnitud del problema, a tenor de ciertos estudios. A ese respecto, es importante recordar que nos encontramos ante un grave problema de salud pública para el cual, actualmente, no hay estudios ni datos para nuestro país.

– La ausencia de datos y estudios, el principal problema para abordar esta cuestión, debe ser un tema de reflexión social.

– Además, hemos recibido avisos de que algunos datos están extrapolados de forma problemática, cosa que efectivamente ha ocurrido. Por ello, la aproximación citada en el informe como hipotética pero plausible en ausencia de datos, ha de seguir considerándose con la cautela con la que insistimos en él.

– Esto no significa que la cifra real de fallecidos por pseudoterapias sea menor. Precisamente, lo que el informe remarca es que son muchas las limitaciones actuales como para dar una cifra sólida, comenzando por una ausencia total de recolección de información al respecto por parte de las autoridades competentes.

Por todo lo anterior, resaltamos lo que sí podemos evidenciar de forma indiscutible:

1- Que las pseudoterapias, por mucho que se presenten como inocuas, se cobran muchas víctimas mortales.

2- Que las razones principales por las que causan ese daño (con multitud de referencias bibliográficas importantes a tener en cuenta) son los daños directos producidos por las propias pseudoterapias, y la pérdida de oportunidad terapéutica por retraso o abandono de terapias.

3- Que este problema no es anecdótico, sino sistémico a escala social, y que podría estar generando miles de muertos al año si tenemos en cuenta los estudios referenciados en el informe y los más de 2500 reportes recibidos por APETP y otras entidades durante 2018.

4- Que los agentes promotores de estas prácticas y los motivos de su extensión son claros: el incumplimiento de las leyes; la permisividad de los colegios de profesionales sanitarios; la falta de control de las autoridades sanitarias y la venta de productos, servicios y actividades con pretendida finalidad sanitaria y sin autorización de comercialización por Sanidad, incluso desde miles de farmacias.

5- Que hace falta una aproximación al problema por parte de organismos competentes, que no relegue el estudio y lucha contra este grave problema de salud pública en manos de asociaciones del ámbito civil, y que sea entendido como una responsabilidad de estado.

6- Que hace falta un estudio pormenorizado de este problema por parte de las instituciones sanitarias competentes, con datos propios para España, ya que actualmente son inexistentes.

Por todo esto es muy necesario adoptar medidas como las que desde el «Plan ministerial contra las pseudoterapias» se pretende llevar a cabo, dada la necesidad de contabilizar y monitorizar los afectados de manera que permita implementar y escalar convenientemente las medidas preventivas y correctivas necesarias.

Acceder al informe

La Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) presenta el “Primer informe sobre fallecidos a causa de las pseudoterapias en España”, situando la cifra actual en una horquilla entre las 1210 y las 1460 muertes al año. Estas prácticas carentes de evidencias científicas, que la Organización Médica Colegial ha declarado contrarias a la deontología médica y que además se practican en la mayoría de casos desde centros que incumplen las leyes de centros y profesiones sanitarias, serían la causa de estas muertes por tres vías principales: abandono de terapias, pérdida de oportunidad terapéutica y daños directos al paciente.

El texto repasa diversos casos recogidos en prensa y en la literatura científica, y realiza una extrapolación de esos datos a la situación demográfica de España. Debido a las limitaciones en la cantidad y calidad de estudios, las cifras podrían estar altamente infraestimadas. Además, el informe elaborado por APETP llama la atención sobre la ausencia de estudios oficiales, por parte de las autoridades competentes, lo que dificulta obtener una cifra exacta para arrojar luz sobre un grave problema de salud pública que genera miles de muertes evitables al año. El informe —el primero que intenta extrapolar los fallecidos por estas prácticas en un país al completo—, es el primer paso en la dirección de estimar mejor este problema, una cuestión que deberán abordar, en todo caso, las administraciones sanitarias.

Por último, el texto presenta un análisis de cuál es la situación actual en España, y analiza los motivos del auge de prácticas pseudocientíficas que implican a muchos actores, entre ellos las universidades, los ayuntamientos, los colegios de médicos, los medios de comunicación y los diferentes organismos del estado encargados de hacer cumplir las leyes sobre centros y profesiones sanitarias.

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