Propuestas de actuación contra desinformación ANIS-Ministerio
Este documento contiene una serie de propuestas a plantear en la Jornada de «Desinformación en Salud» de ANIS/Ministerio de Sanidad del día 6 de febrero de 2026 por parte de las siguientes asociaciones (las cuales no se adhieren necesariamente a todas ellas):
Propuestas:
La desinformación en salud debe entenderse hoy en día como un arma de guerra (especialmente explotable en periodos de pandemias y similares) por la inestabilidad social y el impacto económico que generan, y debería atajarse y atacarse en consecuencia. Constitucionalmente se protege especialmente el derecho a la información veraz, a la salud y al consumidor, pero no se está llevando a cabo un control de su (prácticamente nula) aplicación.
Nuestras propuestas tienen un triple enfoque: cartografiar, prevenir y corregir.
CARTOGRAFIAR:
- Actualmente existen varias entidades dispares y sin apenas (o ninguna) interconexión entre sí que reciben datos deslavazados de casos de afectados y mapean caladeros de charlatanes. Sería importante la creación de un Observatorio Nacional contra Desinformación en Salud, con un formulario de contacto y comunicación fluida con Fiscalía, Colegios Profesionales, Ministerios y Consejerías de Sanidad, Ciencia, Consumo, Hacienda y Educación, Fiscalía y otros Observatorios como el OPPISS de la OMC, el del Colegio de Médicos de Alicante, el de Las Palmas y de cualquier otro Colegio Provincial existente, el de Sectas de la Facultad de Psicología de la UGR o el (todavía no implementado) de la Policía Nacional contra sectas, además de su puesta en común con las asociaciones de lucha contra sectas y pseudoterapias, como APETP y RedUNE, las cuales pueden colaborar proactivamente en aportar y ampliar los muchos reportes recibidos, o generando dossieres informativos sobre casos especialmente relevantes (como ocurre con casos como Pàmies o Corbera, con quienes no se están tomando las medidas que se deberían haber tomado desde hace más una década).
- Desde la pandemia, contamos con un listado de más de medio millar de grupos de Telegram, varios con decenas de miles de seguidores, dedicados parcial o íntegramente a la desinformación en salud, constituyendo un caldo de cultivo negacionista/conspiranoico más general que convendría analizar y desmantelar.
- Igualmente con los reportes de StopPseudociencias, que cuenta con cerca de diez mil entradas (no cribadas) entre enlaces e imágenes de contenido pseudoterapéutico que Consumo y Sanidad deberían revisar y perseguir según su incumplimiento de la ley (Normativa de Profesiones Sanitarias, del Medicamento, Productos Sanitarios, Registro de actividades, servicios y centros sanitarios, así como el incumplimiento del RD sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, intrusismo…).
- Al igual que ocurre con los casos de violencia doméstica, deberían implementarse protocolos de peritaje/información de oficio ante casos recibidos a pie de urgencias de eventos graves recibidos por charlatanería (especialmente en oncología, salud mental, maternidad o pediatría), para tener un mejor entendimiento del alcance del problema.
PREVENIR:
- El plan coNprueba se gestó como un bastión oficial que pudiera dar pie a la retirada de pseudoterapias en Universidades, Hospitales y otros lugares oficiales, públicos y/o dirigidos a la colectividad, tengan o no fin comercial evidente. Sin embargo, no ha tenido una dirección apropiada, al punto de convertirse en papel mojado sin utilidad, dejando pasar graves propuestas como la Nueva Medicina Germánica sin alertar, mientras desperdicia recursos en revisar propuestas como la imaginería guiada como herramienta psicológica de relajación, o hacen un mal servicio con el terrible enfoque de la revisión sobre acupuntura, que debería haberse soslayado en un momento apuntando a la inexistencia de las supuestas energías cuyo desbalance provoca, según la Medicina Tradicional China, las enfermedades, y pretende curarlas con la manipulación de agujas clavadas en, de nuevo, inexistentes puntos de inexistentes meridianos. (De nuevo, la falta de formación en Mala Ciencia puede provocar que los árboles no dejen ver el bosque). O, recientemente, eliminando a petición de la Asociación Española de Terapeutas Gestalt esta misma propuesta de la lista de propuestas pseudocientíficas a revisar, la misma semana en la que aparece una sentencia condenatoria en la que se establece que es una pseudoterapia de alto riesgo sectario. O como el informe sobre homeopatía que lleva años esperando y cuya publicación supondría la confirmación de facto de que llevamos décadas con una estafa legalizada y promovida por la corrupción e incompetencia de toda la escala de autoridades en la materia, desde Europa hasta la farmacia de barrio, pasando por Colegios Sanitarios. En definitiva, necesitamos un relanzamiento del plan coNprueba con una mejor dirección y asesoramiento por parte de las asociaciones de protección de la salud que somos quienes tenemos de primera mano tomado el pulso a qué fraudes y charlatanes son los más importantes para atajar y eliminar del circuito social.
- En esta misma línea, España debería enarbolar una petición formal a la OMS y Europa para que dejen de blanquear estos fraudes junto con las «Medicinas tradicionales», en específico la acupuntura, la homeopatía y el ayurveda; no pueden estar hablando de luchar contra la desinformación mientras añaden a los diagnósticos clínicos propuestas supersticiosas o que utilizan metales pesados peligrosos que siguen causando intoxicaciones y otros problemas graves.
- A nivel local, recientemente el Colegio de Médicos de Alicante ha creado un Decálogo Deontológico para la lucha contra pseudoterapias a nivel colegial, que debería extenderse al resto de colegios sanitarios.
- Actualmente, cualquiera puede hacerse llamar «terapeuta» o incluso «psicoterapeuta» sin problema, creando confusión en la sociedad. Estos términos deberían estar protegidos y asimilados necesariamente a alguna profesión sanitaria reglada con capacitación clínica (por ejemplo, psicoterapeuta como sinónimo de psicólogo).
- Debería robustecerse legalmente el papel de la deontología sanitaria, de forma que un juzgado lo tenga en cuenta para evitar que un mal profesional expedientado ponga en riesgo a pacientes o a la sociedad (casos Nadya Popel, Gabriel Ruiz, Vicenç Herrera…).
- Debería modificarse el delito contra la Salud Pública para cubrir la desinformación objetiva en salud grave en internet, con agravante en caso de ser u ostentar algún tipo de capacitación profesional sanitaria o periodística, derogando que sea necesario que haya víctimas atribuibles inequívocamente a una comunicación en concreto.
- En septiembre de 2024 RedUNE presentó al Congreso una iniciativa ciudadana para la tipificación penal de la persuasión coercitiva. El trabajo de especialistas de la psicología y las leyes en la materia llevado a cabo permitirían perseguir de forma más ágil a muchísimos charlatanes que utilizan técnicas de manipulación psicológica básicas para hacer aparentar a nivel legal que la víctima ha tomado una serie de decisiones de forma voluntaria, cuando no ha sido así. Sería importante respaldar esta propuesta para reforzar la persecución de la charlatanería en salud.
- Hace un tiempo se prometió una actualización del Real Decreto 1277/2003 que ayudaría a blindar las actividades sanitarias ante la charlatanería, pero no se ha llevado a cabo todavía. Sería importante recordar la necesidad de esta publicación.
- Debería retirarse la promoción y patrocinio institucional de eventos abiertamente pseudocientíficos, como los eventos Biocultura en distintas partes del país o la Feria Esotérica de Madrid.
- Sería importante un refuerzo educativo en estudios sanitarios sobre pseudociencias y pseudoterapias, sesgos cognitivos y falacias argumentales, tanto en primeros como en últimos cursos, incluyendo la «mala ciencia», ya fuese con a través de una asignatura de Bioética más generalista o acerca del buen ejercicio profesional.
- Actualmente algunos colegios han impedido activamente que se pueda señalar públicamente el mal hacer de supuestos profesionales por parte de sus colegas. Debería permitirse sin consecuencias el señalamiento y alerta pública contra un colegiado que desinforme en salud por parte de otro.
- En el ámbito periodístico, sería interesante que los medios tuvieran un listado de temáticas pseudocientíficas típicas (y profesionales de confianza a quien consultarles acerca de ellas) para evitar promocionarlos o hacerles publirreportajes acríticos. Ídem para las administraciones públicas, para que puedan identificar las pseudoterapias y eviten blanquearlas en eventos. Por ejemplo, el propio SEPE alberga multitud de propuestas pseudocientíficas.
- Sería interesante organizar unas jornadas periódicas orientadas al periodismo, para tratar más en profundidad los problemas que les atañen en esta materia. Asier Larrinaga publicará próximamente con Almuzara el libro «Claves para periodistas sobre comunicación de la ciencia» que promete ser interesante al respecto.
- De igual forma, convendría organizar cursos orientados a jueces para reforzar la protección especial a personas vulnerables por estado de salud. Actualmente conocemos demasiados casos que se han saldado con un «la justicia no protege al incauto» al tener en cuenta solo la edad y la falta de problemas mentales diagnosticadas de base.
- Convendría promover contenidos radiotelevisivos y en currículum de institutos orientados al fomento del pensamiento crítico y contra pseudoterapias y técnicas de persuasión coercitiva, al estilo del ya mencionado para sanitarios, pero adaptado para un público más general.
- Es importante retomar el proceso de ilegalización de la ayahuasca (frustrado hace años por un defecto de forma por la Audiencia Nacional por su falta de comunicación a la Comisión Europea, y en la lista de sustancias psicoactivas sometidas a fiscalización por el Convenio de Viena del 21 de febrero de 1971) y el enorme negocio de «retiros». Cabe atender en general a las propuestas pseudoterapéuticas escondidas tras la apariencia de «espiritualidad», no permitiendo su presentación como intervención sanitaria, terapéutica o preventiva.
CORREGIR:
- Es imperativo exigir el cumplimiento estricto del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Existe un incumplimiento sistemático de 1, 3, 7, 13, 14, 15 y 16. El punto 7 se vulnera frecuentemente incluso por parte de colegiados, que suelen exhibir una sección de testimonios en sus páginas web.
- Ídem con el artículo 403 del Código Penal, persiguiendo una aplicación más amplia (no con una concepción estricta de qué es un «acto propio de una profesión» sino con la intencionalidad de tomar a su cargo la salud física o mental de un paciente en un ámbito restringido por la legislación en su aplicación oficial). Actualmente no se persigue lo suficiente y/o las penas que se imponen no son disuasorias o simplemente quedan en expedientes administrativos que ni impide su ejercicio ni tampoco que dejen de seguir aplicando mala praxis en otras regiones de España.
- Es fundamental reforzar lazos con RRSS y programas de mensajería como Whatsapp y Telegram para permitir un reporte prioritario y eficaz de contenidos por parte de reportadores de confianza (como por ejemplo somos de YouTube; con YouTube necesitamos que esos reportes tengan más peso, al menos a nivel nacional, para eliminar contenidos claramente desinformantes que han hecho trampas para escapar a sus radares internos y caer en las que denominan «zonas grises»). Proponer a X que no se limite a añadir las notas de la comunidad sino que una acumulación de notas por desinformación suponga una amonestación prohibiendo temporal o definitivamente la publicación desde esa cuenta, como ocurría antiguamente con los reportes.
- Existen medios íntegramente dedicados a la desinformación en salud, como https://www.dsalud.com/ y otros reconvertidos tras la pandemia como focos de desinformación (sobre todo, antivacunas), como http://diario16.com/ o https://madridmarket.es/ que deberían ser sancionados por verter desinformación objetiva en salud con alto riesgo para la ciudadanía.
- Por último, reforzar la persecución o inhabilitación Colegial a supuestos profesionales que, colegiados o no, pero haciendo ostentación de su capacitación, difundan desinformación en redes (casos Natalia Prego, Luis de Benito, «Médicos por la Verdad»…).